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Paternidad y filiación: reclamaciones, reconocimiento e impugnación, plazos, prueba de ADN y derechos de herencia

La reclamación de paternidad, el reconocimiento y la impugnación de la filiación con las consecuencias derivadas de la manera en que se resuelvan son los temas que vamos a tratar. Si estás en uno de estos procesos –sea como padre, madre, hija o heredero–, te interesará conocer los puntos clave de este: trámites y plazos, pruebas biológicas (ADN), derechos de herencia y otras consecuencias.

Paternidad y filiación: abogados especialistas.
Cuestiones de filiación. Buscar el reconocimiento o la impugnación desde el lado del (presunto) padre o desde la madre. Un hijo que reclama la paternidad o la heredera que quiere evitar compartir con más. Veamos los posibles escenarios, las consecuencias de los distintos resultados y los entresijos de los procedimientos, por un abogado especialista.

Empezaremos con concepto básico de filiación para ir profundizando hasta llegar a cuestiones más concretas como:

  • Filiación matrimonial frente a la extramatrimonial.
  • Trámites y plazos para reconocer o impugnar la filiación.
  • Casuística de las reclamaciones de paternidad.
  • Qué consecuencias trae el reconocimiento o impugnación de la paternidad.
  • La prueba de ADN: en vida y tras el fallecimiento del posible progenitor.

El concepto de filiación se define como la relación de parentesco entre un hijo y sus padres, que puede ser jurídica o biológica, y de la que derivan una serie de derechos y obligaciones, entre los que se encuentran:

  • Patria potestad.
  • Apellidos.
  • Deber de dar alimentos.
  • Derechos sucesorios del hijo.

En nuestro ordenamiento, existen dos tipos de filiación en función de si los padres están casados o no: filiación matrimonial y filiación extramatrimonial. Entre ellas existen una serie de diferencias que afectan a los trámites de inscripción del nacimiento o a su impugnación, como veremos a continuación.

La filiación matrimonial es aquella en la que el hijo nace dentro del matrimonio.

Esta filiación puede ser determinada de dos formas, mediante:

  • Inscripción del nacimiento en el Registro Civil.
  • Sentencia firme.

En el caso del primer hijo del matrimonio, los padres deben hacer constar expresamente el orden de los apellidos en la solicitud de inscripción del nacimiento, lo que implica que debe constar el consentimiento de ambos en la solicitud para inscribir el nacimiento. Esto es así desde la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio del Registro Civil.

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En el caso de los sucesivos hijos, no es necesario que la solicitud de inscripción del nacimiento en el Registro Civil sea firmada por ambos, puesto que todos los hijos deben tener los mismos apellidos, por lo que ya no se requiere un acuerdo de los progenitores.

No obstante, en la filiación matrimonial, se presumen hijos del matrimonio aquellos que hayan nacido después de la celebración del matrimonio y antes de los 300 días siguientes a la disolución del matrimonio. Esta presunción puede ser destruida mediante prueba, pero dentro de un procedimiento judicial.

En cambio, en el caso de los hijos nacidos dentro de los 180 días siguientes a la celebración del matrimonio puede solicitarse la exclusión de la filiación matrimonial en el Registro Civil mediante una declaración auténtica de la madre, formalizada dentro de los 6 meses siguientes al parto. No obstante, la Ley establece dos excepciones en las que no se podrá destruir la presunción de filiación matrimonial en estos casos:

  • Que haya reconocimiento expreso de la paternidad.
  • Que haya conocimiento del embarazo de la esposa antes de contraer matrimonio, salvo que exista declaración auténtica de la madre formalizada dentro de los 6 meses siguientes al nacimiento del hijo.

Hablamos de filiación extramatrimonial cuando los progenitores del hijo no se encuentran casados entre sí.

La determinación de la filiación extramatrimonial se realizará mediante la inscripción del nacimiento en el Registro Civil o mediante sentencia firme.

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En el caso de que se inscriba el nacimiento en el Registro Civil, puede realizarse mediante escrito indubitado (que no admite duda) del padre o madre en el que se reconozca la filiación de un hijo, o bien, porque exista relación entre el padre o madre y el hijo, siempre que no haya oposición por parte del Ministerio Fiscal o del progenitor interesado.

En estos casos, el padre emitirá una declaración reconociendo al hijo, que requiere el consentimiento expreso de la madre.

También cabe reconocer la filiación de un hijo mediante testamento o mediante una escritura pública otorgada ante Notario.

La filiación extramatrimonial también puede ser establecida mediante sentencia firme, dictada en el seno de un procedimiento de reclamación de paternidad.

En cuanto a los derechos hereditarios de hijos matrimoniales vs hijos extramatrimoniales, en la práctica, tras la reforma del CC (Ley 11/1981, de 13 de mayo), a efectos de la ley no se establece diferenciación alguna. Este cambio legislativo tiene efectos retroactivos, independientemente de la fecha de nacimiento y del momento en que la filiación quedó legalmente determinada.

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Se trata de aquella declaración en la que un padre a sabiendas de que un hijo no es biológicamente suyo lo reconoce como propio, derivándose de este reconocimiento todas las obligaciones y derechos de la relación paterno-filial.

Para ello, es necesario que el progenitor realice el reconocimiento del hijo ante el encargado del Registro Civil, a través de un documento público o de testamento.

El reconocimiento por complacencia se trata de un procedimiento mucho más económico que la adopción, en el que voluntariamente se asume la filiación de un hijo, lo que le otorga validez en el Registro Civil.

A diferencia de las adopciones, el reconocimiento de complacencia puede ser revocado por quien asumió la filiación, siempre que lo hubiera hecho por error o bajo coacción mediante violencia o intimidación. Para ello, será necesario que acuda a un juez y le presente pruebas que acrediten el error o las coacciones para conseguir impugnar la filiación

El hecho de actuar como si del progenitor de un menor se tratase, no supone que se generen derechos en modo alguno, ni tampoco obligaciones de uno para con el otro.

Los plazos establecidos en la Ley para impugnar la paternidad se tratan de plazos de caducidad y no de prescripción. Es importante tener clara la diferencia entre estos plazos.

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En cambio, hablamos de plazos de prescripción respecto aquellos plazos que, pese a que tienen un tiempo establecido para su ejercicio por ley, pueden ser interrumpidos mediante una reclamación extrajudicial o una acción judicial. De manera que, una vez finalizada dicha acción, se reanuda desde cero el plazo.

Hay un plazo de un año para impugnar la paternidad desde que se inscribe el nacimiento en el Registro Civil o desde que se conoce que no es el padre biológico. Así lo explicita el artículo 136 CC.

En el caso de que el padre desconociese el nacimiento del hijo, tiene la oportunidad de impugnar la paternidad en el plazo de un año desde que se entera del nacimiento del hijo.

De igual manera, en caso de que el marido, a pesar de conocer el nacimiento del hijo, no supiese que no es el padre biológico, dispone de un año para impugnar la paternidad desde que tiene conocimiento de esta falta de paternidad.

En este caso, cobra gran importancia la prueba, puesto que hay que acreditar en el procedimiento de impugnación el momento en que se ha tenido conocimiento de esta falta de paternidad biológica para evitar la pérdida de oportunidad de ejercicio de la acción.

En ejercicio de los derechos del hijo, la madre, un representante legal o el Ministerio Fiscal pueden impugnar la filiación también en el plazo de un año desde que se inscribe el nacimiento del menor o desde que se conociese la falta de paternidad biológica.

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Si el hijo quiere impugnar la paternidad dispone de un año desde que cumple la mayoría de edad para iniciar este procedimiento por sí mismo.

En el caso de que uno de los progenitores haya reconocido a un hijo a sabiendas de que no es biológicamente suyo, también cuenta con el plazo de un año desde que se inscribe el nacimiento del hijo en el Registro Civil para impugnar la paternidad, siempre y cuando este reconocimiento se haya hecho por error, mediando violencia o intimidación.

En el caso de la filiación extramatrimonial, los plazos para impugnar la paternidad varían en función de si ha existido relación entre padre e hijo (posesión de estado). También veremos cuáles son los plazos en los casos en los que haya habido reconocimiento por complacencia, cuando no se es padre biológico.

Los plazos de impugnación de la filiación extramatrimonial varían dependiendo de si ha existido, o no, relación padre-hija/o.

En el caso de que sí existe relación entre padre e hijo, la acción podrá ser ejercitada en el plazo de 4 años desde que se inscriba la filiación en el Registro Civil o desde que se inicie la relación padre e hijo.

Si en el transcurso de esos 4 años ni el hijo ni el progenitor ejercen la acción de impugnación de paternidad, pese a que el hijo no sea un hijo biológico del progenitor, ambos perderán la oportunidad para impugnar la paternidad, ya que nos encontramos ante un plazo de caducidad.

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En cambio, si no ha habido relación padre e hijo, la paternidad podrá ser impugnada en cualquier momento por quien pueda resultar perjudicado.

En el caso de que uno de los progenitores haya reconocido a un hijo que no es biológicamente suyo, con el que ha existido relación padre e hijo, el plazo será también de cuatro años para impugnar la paternidad siempre que haya existido relación padre e hijo.

  • Una de las partes quiere que se reconozca la paternidad:

    • Si es filiación matrimonial
      • 1º hijo la madre es la que tiene que iniciar demanda (carga de la prueba recae sobre ella).
      • 2º o sucesivos hijos, si la madre lo ha inscrito a nombre de su ex, es el padre el que tiene que iniciar demanda (carga de la prueba recae sobre él).
    • Si es filiación extramatrimonial
      • Madre quiere reconocimiento de la paternidad con la oposición del padre biológico.
      • Hombre busca el reconocimiento de paternidad con la oposición de la madre, del hijo/a –si es mayor de edad– o del padre con el cual tiene la filiación actualmente (por adopción, por reconocimiento por complacencia o por desconocimiento de su no paternidad biológica).
  • Una de las partes quiere impugnar el reconocimiento de la paternidad inscrita:

    • Hombre que ha descubierto que no es el padre biológico.
    • Hija/o que quiere impugnar la paternidad, por ejemplo para filiarse a su padre biológico, ya sea por motivos económicos (herencia) o por una cuestión sentimental.
    • Madre quiere impugnar la paternidad inscrita para solicitar el reconocimiento de otro padre (biológico o no).
    • Las hijas/os matrimoniales, una vez fallecido el padre, quieren impugnar, por ejemplo, un reconocimiento de paternidad extramatrimonial hecha en testamento. Un caso común es aquel en el que intentan salvaguardar sus derechos hereditarios (la legítima).
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Como la filiación implica derechos y obligaciones, tanto si existe reconocimiento como impugnación, afectará a estas directamente. En el caso del reconocimiento, cabe destacar el deber de alimentos y el deber/derecho de la patria potestad.

La declaración de filiación en el seno judicial tiene varios efectos legales, entre los que nos encontramos:

  • Inscripción de la paternidad en el Registro Civil, con la consecuente determinación de los apellidos.
  • Inicio de las relaciones paternofiliales.
  • Reconocimiento de derechos sucesorios a favor del hijo filiado en sede judicial.

Entre las consecuencias de este procedimiento, nos gustaría centrarnos en dos: el deber de alimentos y la patria potestad.

Tras la declaración de la paternidad en sede judicial, el padre deberá pagar una pensión de alimentos a su hijo. Esta obligación tendrá efectos retroactivos pero con un límite temporal, sólo se podrán reclamar los alimentos desde el día de interposición de la demanda. Esto es así según los artículos 112 y 148.1 CC.

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Esta obligación subsiste incluso cuando el padre es privado de la patria potestad. Esto habrá podido ocurrir por haber incumplido sus deberes familiares grave y reiteradamente.

La declaración de la filiación a favor de un progenitor supone la obligación de ejercer la patria potestad.

Desde que se dicte sentencia declarando la filiación, los padres tendrán la obligación de ejercer conjuntamente la patria potestad, debiendo velar por su hijo, tenerlo en su compañía, educarlo y protegerlo.

Sin embargo, si uno de los padres supone un peligro para el hijo o desatiende gravemente sus deberes parentales, un juez podrá suspender o privarle de la patria potestad mediante sentencia firme.

La Sentencia del Tribunal Supremo 291/2019, de 23 de mayo privó de patria potestad a un padre que había desatendido a su hijo tanto en el plano económico como el afectivo, ya que se desatendió del menor durante 8 años:

«graves y reiterados los incumplimientos del progenitor, prolongados en el tiempo, sin relacionarse con su hijo, haciendo dejación de sus funciones tanto en lo afectivo como en lo económico, y sin causa justificada, y todo ello desde que el menor contaba muy poca edad. (…). Todo ello ha provocado que quede afectada la relación paterno-filial de manera seria y justifica que proceda, en beneficio del menor, la pérdida de la patria potestad del progenitor recurrente, sin perjuicio de las previsiones que fuesen posibles de futuro, conforme a derecho.»

La Sentencia del Tribunal Supremo 291/2019, de 23 de mayo

El principal efecto de la impugnación de la filiación es la modificación de la inscripción de la paternidad en el Registro Civil.

Así, si por sentencia judicial, se declara que el progenitor que aparecía inscrito como padre de un hijo en el Registro Civil no lo es, la sentencia modificará la inscripción de la filiación y, en consecuencia, ese progenitor perderá todos los derechos y obligaciones que tuviera respecto a ese hijo.

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Aunque se consiga la impugnación de paternidad, no se podrá recuperar el dinero de la pensión alimenticia ni tendrá cabida indemnización alguna en base al artículo 1902 CC. Así lo establece la jurisprudencia española.

No se podrán recuperar las cantidades pagadas en concepto de pensión de alimentos por considerarse debidas, es decir, no indebidas.

El Tribunal Supremo explica en su Sentencia de 13 de noviembre de 2018 que la pensión de alimentos se trata de una obligación de los padres, la cual deriva de la propia patria potestad y de la filiación.

De tal manera que, hasta que no se dicta sentencia firme en la que se establezca la falta de paternidad respecto a un hijo, esta obligación subsiste, debiendo cumplirse por los padres.

Por tanto, según el Tribunal Supremo, no puede solicitarse la devolución de las cantidades pagadas a un hijo en concepto de pensión de alimentos, puesto que los alimentos no tienen efectos retroactivos, ya que las cantidades abonadas se entienden que han sido consumidas por el beneficiario para satisfacer sus necesidades.

Además, nuestro Alto Tribunal entiende que la pensión de alimentos es pagada por los padres para cumplir con la obligación de cuidar a sus hijos, por lo que, solo cuando exista una sentencia firme que establezca la no paternidad de uno de los padres, dejará de existir obligación de pagar la pensión de alimentos.

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El Tribunal Supremo reconoce que la falsa atribución de paternidad son casos complejos, en los que tanto padres como hijos sufren emocionalmente. No obstante, a pesar de que la jurisprudencia reconoce que existe daño moral cuando se cree falsamente que se es padre de un hijo, considera que este daño es más propio del ámbito de Derecho de Familia que del ámbito de la responsabilidad civil.

De esta manera, como el Derecho de Familia no establece ninguna indemnización moral en casos de infidelidad y/o ocutación de la paternidad, ni los padres ni los hijos pueden solicitar una reparación de los daños causados por esta situación.

La prueba más importante, en lo que respecta a la determinación de la filiación, es aquella basada en la comparación de la huella genética de dos muestras de ADN para verificar o descartar de forma específica el vínculo biológico.

El grado de fiabilidad de la prueba biológica llega incluso hasta un 99,91% de certeza de lo que se considera por la Ciencia como una paternidad demostrada.

No obstante, la prueba biológica no es una prueba imprescindible para acordar la filiación de un hijo, puesto que puede determinarse la filiación sobre la base de otras pruebas directas que acrediten que existió una relación amorosa entre el padre y la madre en el tiempo de la concepción del hijo. Entre esas pruebas podemos encontrar testificales, fotografías, conversaciones…

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Aunque la prueba biológica es la prueba por antonomasia para determinar la filiación de un hijo, no es obligatorio someterse a ella.

Si una persona se niega a someterse a la prueba biológica es jurisprudencia reiterada por el Tribunal Supremo que tal negativa no se considerará como un reconocimiento presunto de la paternidad. Sin embargo, esta negativa podrá ser interpretada como un posible indicio de paternidad atendiendo al resto de material probatorio.

De esta manera, si el afectado tiene seguridad de su falta de paternidad, lo más recomendable es que se someta a la realización de una prueba biológica para desmontar las reclamaciones de paternidad.

Finalmente, debemos señalar que, en caso de negativa a someterse a la prueba biológica de ADN, si existen pruebas en el procedimiento que acrediten la existencia de una relación amorosa entre el padre y la madre, el Juzgador podrá declarar la paternidad.

En los procedimientos de reclamación de filiación respecto a un progenitor fallecido, también se puede pedir la práctica de una prueba biológica para determinar la filiación.

Esta prueba biológica podrá ser:

  • Indirecta, sobre familiares vivos del fallecido.
  • Directa, sobre el cadáver exhumado.

En la práctica la opción por la administración es la prueba biológica indirecta (sobre familiares vivos del fallecido) por resultar esta mucho más económica y más sencilla su práctica.

Antes de acudir a la exhumación, los tribunales prefieren practicar la prueba biológica sobre los familiares del progenitor. Estos, a su vez, pueden negarse a someterse a la misma.

Esta decisión puede tener consecuencias económicas

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La exhumación de un cadáver para obtener una prueba biológica es relativamente poco común. Debe ser el último recurso al que acudir puesto que entran en juego, fundamentalmente, el derecho a la intimidad y el derecho a la integridad física. Como los fallecidos no poseen personalidad jurídica, sus familiares pueden negarse a la práctica de la exhumación.

En cualquier caso, para que el juez acuerde la exhumación, será necesario que el demandante argumente sólidamente su solicitud y presente suficientes pruebas sobre la posible paternidad. En el caso de que el juez negase la exhumación, si existen pruebas suficientes de que hubo una relación amorosa en el momento de la concepción, el juez puede llegar a determinar la paternidad sin la realización de la prueba biológica.

Hay 4 posibles escenarios, dependiendo de si los familiares del fallecido:

  • Se niegan a la práctica de la prueba biológica y se determina la:

    • Paternidad. En este caso, el juez podrá imponer los costes del procedimiento a los familiares.
    • No paternidad. En este caso, el juez podrá imponer los costes del procedimiento al demandante.
  • Acceden a la realización de la prueba biológica y se determina la:

    • Paternidad. En este caso, el juez podrá decidir que los costes del procedimiento se repartan entre ambos.
    • No paternidad. En este caso, el juez podrá imponer los costes del procedimiento al demandante.

Debemos advertir que en los escenarios descritos los costes serán impuestos a discrecionalidad del juez. Es decir, el juez podría decidir otras asignación de costes que no hemos considerado en el listado anterior.

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La prueba biológica no puede ser obtenida al margen de la voluntad del reclamado ya que es una prueba que afecta a derechos fundamentales. Algunos de estos son el derecho a la intimidad personal y el derecho a la integridad física y moral del individuo.

Asimismo, esta prueba debe guardar una cadena de custodia para que sea una prueba válida en juicio. Para ello, los laboratorios deben identificar sin lugar a dudas a las personas sobre las que se va a practicar dicha prueba y estas personas deben consentir su realización.

De esta manera, no pueden aportarse en juicio pruebas biológicas realizadas al margen de la voluntad del afectado.

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