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Juicios rápidos

Un juicio rápido es un procedimiento penal ágil, diseñado para delitos de menor gravedad con pruebas claras. Aunque resuelve casos de forma rápida, sigue siendo un proceso importante con posibles consecuencias serias. Contar con un abogado penalista especializado puede marcar la diferencia entre una sentencia favorable y una desfavorable.

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El juicio rápido, regulado principalmente en los artículos 795 y 796 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es un procedimiento pensado para resolver de forma ágil delitos de poca gravedad, especialmente cuando las pruebas son claras y la instrucción resulta sencilla.

Un juicio rápido es un procedimiento que permite acortar o comprimir la fase de instrucción y adelantar así la celebración de la vista oral cuando concurren ciertos requisitos establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Entre las condiciones básicas destacan:

  • Que se inicie por atestado policial y se ponga a disposición del juzgado de guardia al detenido o sin detención que sea citado ante el juzgado de guardia.
  • Delito flagrante, sorprendido en el acto o inmediatamente después.
  • Delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a 5 años.
  • Que la instrucción sea sencilla y se cuente con pruebas sólidas.
  • Que los hechos se hayan esclarecido de forma clara (por ejemplo, con atestados policiales concluyentes).

Sin embargo, un juicio rápido sigue siendo un proceso penal con consecuencias importantes: si te enfrentas a uno de estos procedimientos en Madrid o en cualquier parte de España, contar con un abogado penalista especialista marca la diferencia entre una sentencia favorable y una desfavorable.

El juicio rápido es un procedimiento pensado para agilizar la resolución de ciertos delitos cuando las pruebas son claras y la instrucción es sencilla. Se aplica en casos donde los hechos están bien determinados y no requieren una investigación prolongada. Según el artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los delitos que suelen tramitarse por esta vía deben cumplir los requisitos anteriores y, sobre todo, casos con pruebas claras o flagrantes. Algunos de los más comunes son:

  • Juicio rápido por alcoholemia.
  • Juicio rápido por violencia de género.
  • Juicio rápido por hurto.
  • Juicio rápido por robo.
  • Juicio rápido por amenazas
  • Juicio rápido por lesiones.
  • Juicio rápido por coacciones.
  • Juicio rápido por conducir sin carnet.
  • Juicio rápido por robo con fuerza en domicilios o establecimientos.
  • Juicio rápido por uso no autorizado de vehículos.
  • Juicio rápido por daños materiales intencionados en propiedades ajenas.
  • Juicio rápido por tráfico de drogas en pequeñas cantidades.
  • Juicio rápido por venta o distribución de productos falsificados.
  • Juicio rápido por copia y venta ilegal de música, software o películas.
  • Juicio rápido por ocupación ilegal de viviendas o locales.
  • Juicio rápido por entrada sin autorización en viviendas ajenas.

Los tipos de juicios rápidos que hemos mencionado anteriormente forman parte de los delitos comprendidos en el artículo 795.1.2ª de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este artículo establece una serie de delitos que pueden ser procesados de manera acelerada:

  • a) Delitos de lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica habitual, cometidos contra las personas a que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal.
  • b) Delitos de hurto.
  • c) Delitos de robo.
  • d) Delitos de hurto y robo de uso de vehículos.
  • e) Delitos contra la seguridad del tráfico.
  • f) Delitos de daños referidos en el artículo 263 del Código Penal.
  • g) Delitos contra la salud pública previstos en el artículo 368, inciso segundo, del Código Penal.
  • h) Delitos flagrantes relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos en los artículos 270, 273, 274 y 275 del Código Penal.
  • i) Delitos de allanamiento de morada del artículo 202 del Código Penal.
  • j) Delitos de usurpación del artículo 245 del Código Penal.

Si tu caso se encuentra entre estos supuestos y se reúnen las condiciones para la tramitación acelerada, el procedimiento se iniciará y finalizará con mucha más rapidez que uno ordinario.

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La duración de un procedimiento de juicio rápido suele ser notablemente menor que la de un procedimiento penal ordinario. De hecho, el plazo promedio oscila entre 15 y 30 días desde la denuncia hasta la vista oral. En escenarios donde el acusado reconoce los hechos y existe conformidad con la Fiscalía, la celebración puede incluso producirse en 48 horas desde la detención.

No obstante, pueden darse circunstancias especiales (petición de más pruebas, testigos difíciles de localizar, etc.) que prolonguen el proceso, en estos casos, lo que se produce es una transformación en un procedimiento “normal” que se denomina diligencias previas de procedimiento abreviado.

Dada la inmediatez de este procedimiento, reaccionar con rapidez y prudencia es esencial:

  1. Mantén la calma. Es fácil tomar decisiones erróneas cuando estamos nerviosos.
  2. Busca asesoría legal inmediata. Contacta con un abogado penalista para analizar tu caso y diseñar una estrategia de defensa sólida.
  3. Evalúa las pruebas junto con tu abogado. Verifica atestados policiales, testigos y documentos que puedan probar tu versión de los hechos o suavizar la acusación.
  4. Considera la posibilidad de una conformidad. A veces, admitir los hechos y pactar con la Fiscalía puede implicar reducciones significativas de la pena, según los Arts. 787 y 801 LECrim. pero huye de quien te proponga de forma automática la conformidad.
  5. Mantente informado. Comprender cada etapa del juicio rápido te permitirá afrontar la vista con mayor seguridad.

Definitivamente sí. Aunque sea un proceso diseñado para ser más ágil, no deja de ser un procedimiento penal en el que es obligatorio que te defienda un abogado. Un abogado penalista especializado en juicios rápidos te ayudará a:

  • No tomar decisiones precipitadas. Reflexiona y evita tomar decisiones impulsivas bajo presión.
  • Elaborar una defensa bien fundamentada y persuasiva. Un abogado especializado debe analizar todos los detalles del caso para construir una defensa sólida.
  • Valorar si merece la pena llegar a una conformidad y las consecuencias de hacerlo. Evalúa si aceptar un acuerdo con la Fiscalía puede ser lo mejor para tu situación.
  • Negociar con la Fiscalía en caso de conformidad, obteniendo posibles ventajas. Considera la posibilidad de una reducción de pena mediante una negociación.
  • Garantizar que se respeten tus derechos, evitando actuaciones procesales inadecuadas. Es fundamental que se protejan tus derechos en todo momento durante el proceso.
  • Transformar el procedimiento de juicio rápido en uno de procedimiento abreviado donde el margen de maniobra es mayor. A veces, es posible cambiar el tipo de procedimiento para ganar más flexibilidad en la defensa.
  • Minimizar penas y sanciones. Es clave trabajar para reducir las consecuencias del juicio en la sentencia final.

Si afrontas un juicio rápido, no arriesgues. La defensa penal especializada puede suponer la diferencia entre una sentencia absolutoria o una condena de prisión.

  • Rapidez en la resolución: Evitas esperas interminables.
  • Posibilidad de reducciones de pena: Reconocer los hechos a tiempo puede reducir la condena.
  • Menor coste económico y emocional: El proceso es más corto y menos estresante.
  • Menos tiempo para preparar la defensa: Todo ocurre con mayor celeridad.
  • Posibles decisiones precipitadas: La presión puede llevar a aceptar acuerdos sin pensar.
  • Riesgo de indefensión si no se cuenta con asesoramiento especializado.

En conclusión, el juicio rápido ofrece beneficios claros en términos de inmediatez y reducción de penas, pero también conlleva riesgos si no estás bien asesorado.

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