Recibir una acusación injusta por parte de la policía es una de las situaciones más difíciles de afrontar. Puede ser una multa de tráfico que no corresponde, una sanción administrativa sin pruebas o la inclusión en un procedimiento penal. En cualquiera de estos casos, la sensación de indefensión es inmediata: parece que la palabra de la policía vale más que la del ciudadano.

Esta percepción tiene un fundamento en derecho, conocido como presunción de veracidad, pero conviene aclarar qué significa realmente y qué opciones de defensa existen. Por eso, es crucial actuar a tiempo y conocer tus derechos: cuanto antes tomes medidas y cuentes con asesoramiento especializado, más posibilidades tendrás de protegerte frente a acusaciones injustas.
¿Te han acusado injustamente por la policía?
¿Qué es la presunción de veracidad de la policía?
La presunción de veracidad implica que las declaraciones de los agentes de la autoridad gozan de un valor probatorio reforzado en determinados procedimientos. Es decir, lo que afirman en un atestado o denuncia se considera cierto mientras no se demuestre lo contrario.
Este principio está especialmente presente en el ámbito administrativo sancionador. Cuando un agente asegura que ha presenciado una infracción, su testimonio parte con ventaja sobre la versión del ciudadano.
Sin embargo, hay límites muy importantes que conviene tener claros:
- No se trata de una verdad absoluta. La presunción de veracidad puede ser cuestionada si se presentan pruebas que demuestren lo contrario.
- Solo alcanza a los hechos directamente observados por los agentes, no a valoraciones subjetivas ni interpretaciones.
- No significa que el ciudadano esté desprotegido, sino que la carga de la prueba inicial recae en quien impugna la sanción.
En definitiva, la presunción de veracidad no convierte la palabra de la policía en incuestionable. Existen mecanismos legales para rebatirla, siempre que se actúe de forma adecuada.
Existen resoluciones en las que los tribunales han anulado sanciones al comprobar que lo recogido en el acta policial no se correspondía con la realidad, como demuestra este caso de éxito en el que se desmontó la presunción de certeza de los agentes de la autoridad defendido por nuestro despacho, en el que logramos acreditar mediante pruebas objetivas que la versión policial no se ajustaba a los hechos.
¿Qué hacer si la policía te acusa de algo que no has hecho?
Lo primero es mantener la calma y no dejarse llevar por la impresión de que todo está perdido. La ley reconoce el derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, que actúa como contrapeso de la presunción de veracidad policial.
Algunos pasos prácticos que conviene seguir desde el primer momento son:
- Revisar cuidadosamente cualquier documento antes de firmarlo. Si no estás de acuerdo con la versión reflejada, es mejor no firmar o dejar constancia de tu disconformidad.
- Recoger todas las pruebas posibles: fotografías, vídeos, registros de llamadas, geolocalización, facturas o cualquier elemento que pueda contradecir la versión policial.
- Identificar y solicitar declaraciones de testigos que puedan confirmar tu versión de los hechos.
- Acudir a un abogado de confianza lo antes posible. La asistencia letrada es fundamental tanto en la vía administrativa como en la penal, para orientar la estrategia de defensa y presentar los recursos de forma adecuada.
En muchos casos, lo que marca la diferencia es la rapidez en reaccionar debidamente asesorado. Si te preguntas qué hacer si te acusan de algo que no has hecho, la respuesta es clara: actuar de inmediato, recopilar pruebas y contar con asesoramiento especializado.
Me acusan de un delito que no he cometido: ¿qué peso tiene la palabra de la policía en un juicio?
En el ámbito penal la situación cambia respecto al administrativo. Aunque la declaración de los agentes se considera un testimonio cualificado, no es suficiente por sí sola para fundamentar una condena. Los tribunales exigen que esté respaldada por otras pruebas objetivas.
El Tribunal Supremo ha señalado en numerosas ocasiones que la declaración policial, por sí misma, no puede destruir la presunción de inocencia. Para que tenga valor, debe ser coherente, estar libre de contradicciones y, en la medida de lo posible, contar con corroboración externa.
Esto significa que, si te acusan de un delito que no has cometido, la palabra de la policía no basta por sí sola para condenarte. El juez valorará todas las pruebas en conjunto: testigos, informes periciales, registros, grabaciones o documentos que puedan acreditar tu versión. La defensa tiene la posibilidad de impugnar el atestado, cuestionar la credibilidad de la declaración y demostrar que la acusación carece de fundamento.
Cómo recurrir una sanción administrativa o impugnar un atestado policial injusto
Cuando la acusación se traduce en una sanción administrativa, la primera vía es la presentación de alegaciones dentro del plazo legal (generalmente 10 o 20 días, según el procedimiento). En estas alegaciones es esencial aportar pruebas que contradigan la versión policial.
Si la Administración desestima las alegaciones, existen recursos adicionales: el recurso de reposición o de alzada, y posteriormente la vía contencioso-administrativa, donde un juez independiente revisará si la sanción está justificada.
En el ámbito penal, la estrategia se centra en cuestionar el contenido del atestado y la declaración policial, señalando contradicciones y aportando elementos que acrediten la inocencia del acusado. El papel del abogado en esta fase es decisivo, ya que es quien diseña la estrategia de defensa y solicita la práctica de las pruebas necesarias.
¿Por qué es importante contar con un abogado frente a acusaciones falsas?
La presunción de veracidad de la policía no significa que debas resignarte si recibes una sanción o acusación injusta. Este principio jurídico tiene límites y puede ser rebatido con pruebas y argumentos sólidos.
Si te acusan de un delito que no has cometido o recibes una sanción administrativa basada únicamente en la palabra de los agentes, también tienes derecho a defenderte y lo que es más importante, probabilidades de éxito. La clave está en reaccionar a tiempo, recopilar toda la evidencia posible y contar con el respaldo de un abogado especializado en derecho sancionador que pueda guiar el procedimiento y proteger tus derechos.
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