Página de inicio » Blog jurídico » Noticias jurídicas de Madrid y resto de España » Constitucional admite recurso de Debelare en caso de niño huérfano al que banco quiso desahuciar

El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso de un niño huérfano al que el banco quiso desahuciar

El Constitucional admite recurso de amparo por vulneración de la tutela judicial efectiva. Una sentencia obligó al BBVA a hacerse cargo de la hipoteca a través del seguro que el padre del niño contrató en vida con la misma entidad.

Recurso de amparo por posible vulneración de tutela judicial efectiva es admitido a trámite por el Tribunal Constitucional:

  • Una sentencia obligó al BBVA a hacerse cargo de la hipoteca a través del seguro que el padre del niño contrató en vida con la misma entidad.
  • Los abogados de la familia consiguieron también frenar el proceso de desahucio pero el BBVA no fue condenado a pagar los gastos judiciales.
  • El Tribunal estima que el caso presenta una “especial trascendencia constitucional” porque plantea una cuestión jurídica con “repercusión social o económica” más allá del “caso concreto”.
  • El 96,66% de los recursos de amparo presentados ante el Tribunal Constitucional durante el año 2020 fueron rechazados. Solo el 3,34% fueron admitidos a trámite.
Los abogados del despacho Debelare que han conseguido que el Constitucional acepte a trámite el recurso de amparo te cuentan en este vídeo una síntesis del caso.

El padre del recurrente firmó una hipoteca con el BBVA en el año 2001 para comprar el piso familiar en un barrio obrero de Madrid. A la vez, contrató el seguro de protección de pagos hipotecarios que la misma entidad le ofreció para caso de fallecimiento.

Cuando el titular murió en accidente de trabajo el 14 de marzo de 2012, dejó dos niños de 5 y 7 años de edad, que heredaron una deuda hipotecaria de 157.869,00 €. Ni el banco (BBVA) ni el seguro (BBVA Seguros y reaseguros) quisieron hacerse cargo de la misma, pese a que se daba el supuesto de cobertura previsto en la póliza. Lejos de ello, la entidad bancaria inició en 2013 un procedimiento de ejecución hipotecaria contra los niños para adjudicarse la vivienda familiar y cobrarse la supuesta deuda pendiente.

La viuda y madre de los niños, inició una lucha desesperada con apoyo de abogados comprometidos, como Gonzalo Carrasco Moraleda y Miguel Ángel Antón Bravo del bufete Debelare. También encontró apoyo en movimientos sociales, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Así, consiguió iniciar un juicio contra el banco y el seguro. Tras varias instancias el procedimiento llegó a la Audiencia Provincial de Madrid, que acabó dándole la razón definitivamente a los menores en 2018, obligando al BBVA a hacerse cargo de la hipoteca.

La familia consiguió parar el desahucio en varias ocasiones. Después de que el caso pasara durante años del Juzgado a la Audiencia Provincial y viceversa, consiguió por fin, en 2020, archivar el procedimiento iniciado por el banco. Sin embargo, los tribunales no lo consideraron suficiente para condenar al BBVA al pago de las costas judiciales.

Es por ello que en diciembre de 2020 los abogados interpusieron ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo en nombre de uno de los niños. Entendían que había existido vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Recientemente ha sido admitido a trámite, por resolución de 4 de octubre de 2021, al estimar el máximo órgano de garantías constitucionales que el caso presenta una “especial trascendencia constitucional” porque plantea una cuestión jurídica con “repercusión social o económica” más allá del “caso concreto”.

La admisión a trámite de un recurso de amparo ante el TC no es un hecho habitual en absoluto y, de hecho, la inmensa mayoría de los escritos que se presentan son inadmitidos por el Tribunal. Según la Memoria 2020 del propio Tribunal Constitucional, último año sobre el que hay registros, se presentaron ante el TC un total de 6.570 recursos de amparo, de los cuales tan solo 220 superaron la criba de admisión y finalizaron con un auto o una sentencia sobre el fondo, es decir, apenas un 3,34%. Los ejercicios anteriores no arrojan datos muy diferentes: solo el 2,97% de los recursos fueron admitidos en 2019, el 2,17% en 2018 y el 2,21% en 2017.

El Tribunal Constitucional, como máximo órgano jurisdiccional de garantías constitucionales, es el encargado de juzgar las vulneraciones que puedan producirse de los derechos fundamentales de las personas reconocidos en nuestra Carta Magna y de interpretar el alcance de la protección de esos derechos que deben dispensar los poderes públicos. De ahí la extraordinaria importancia de la admisión a trámite de un recurso de amparo, que sentará un precedente de gran valor para futuros casos similares.

Para más información:
Miguel Antón Bravo (abogado, socio fundador de Debelare Abogados)
910181842
info@debelareabogados.es
Compártelo en las redes sociales